50 años del Golpe de Estado en Chile: Un pasado que no se va
Represión, impunidad y un proceso constituyente fallido – Chile se enfrenta a la incertidumbre y a las continuidades y herencias de su pasado.
El programa del presidente Gabriel Boric, electo en diciembre de 2021, prometía abordar los problemas de seguridad y orden público garantizando, al mismo tiempo, los derechos de las personas. Para ello contemplaba una serie de medidas, entre otras, la derogación o modificación de normas represivas, y el término del estado de excepción de Emergencia y de la militarización en la región de la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, en el sur del país, habitadas por numerosas comunidades mapuche.
La refundación de Carabineros, un cuerpo de policía nacional militarizada, fue uno de los objetivos priorizados debido a los graves actos de corrupción y masiva malversación de recursos públicos detectados en esta institución en 2017, y de su responsabilidad en numerosos y graves casos de violaciones a los derechos humanos, en particular contra miembros del pueblo mapuche, y contra miles de manifestantes durante la revuelta social que estalló en octubre de 2019 y se prolongó con distintas intensidades, durante cinco meses.
Considerando ese diagnóstico no dejan de sorprender las elogiosas declaraciones del coronel Sigurd Jager de la BKA sobre Carabineros cuando manifestó tener “una impresión muy positiva de esta organización, muy estructurada, capacitada, muy profesional en múltiples ámbitos“, con ocasión de un seminario sobre crimen organizado, tráfico de drogas y delitos cibernéticos, realizado en Chile en enero de 2022, en el marco del convenio de colaboración suscrito con Alemania durante el anterior gobierno de derecha de Sebastián Piñera, renovado en mayo de este año.
¿Más de lo mismo?
Este texto es parte del dosier que se publicó el 8 de septiembre de 2023 en el periódico taz en motivo de los 50 años del golpe militar en Chile. Apoyado por Estados Unidos, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puso abruptamente fin al gobierno democráticamente elegido del socialista Salvador Allende. Más de 3.000 personas perdieron la vida durante la dictadura que siguió (1973-1990). Muchas más fueron encarceladas, torturadas y obligadas a exiliarse. La Fundación taz Panter, junto con la Fundación Rosa Luxemburg y con el apoyo de la Fundación Umverteilen, conmemora 50 años después los acontecimientos de entonces y, al mismo tiempo, se pregunta, cómo influyen los hechos de hace 50 años en el día a día en el Chile actual. Estos y otros textos, los encuentran también aquí en alemán.
Transcurrido un año de gobierno, el balance no muestra avances en la dirección prometida. El objetivo de refundación de Carabineros fue reemplazado por el de una “reforma“, y en la práctica, el énfasis ha estado puesto en el fortalecimiento de esta institución antes que en su transformación. De hecho, gran parte del abultado presupuesto 2023 en materia de orden y seguridad —un 4,4% más que el año anterior— fue destinado a Carabineros.
La reciente promulgación de la ley de “legítima defensa privilegiada“ o de “gatillo fácil“ fue leída como un respaldo incondicional a Carabineros, al otorgarles una virtual inmunidad ante la justicia. Por esta razón, concitó un amplio rechazo de organizaciones de derechos humanos y de abogados, juristas y criminólogos.
Este cuerpo legal modifica varias normas existentes y consagra la desigualdad ante la ley ya que, por una parte, aumenta las penas para los imputados que agredan a los miembros de las fuerzas armadas y policiales y, por otra, establece que “se presume el uso racional de las armas a disposición por parte de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería durante el ejercicio de sus funciones“; y en los casos en que existan pruebas de un uso excesivo de la fuerza, las penas podrán ser rebajadas hasta en tres grados. Esa impunidad institucionalizada tiene una estrecha relación con aquella que ha beneficiado a los responsables de violaciones a los derechos humanos en dictadura.
En el trabajo legislativo hay también un numeroso grupo de proyectos en materia de seguridad y orden público que el gobierno y la oposición de derecha acordaron priorizar para ser promulgados antes de fin de año. Son 31 iniciativas que, entre otros objetivos, contemplan entregar más atribuciones a Carabineros, crear el Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer el Sistema de inteligencia del Estado, establecer mayores exigencias a las personas imputadas para obtener la libertad condicional, simplificar los procedimientos para la construcción de cárceles, y aumentar las sanciones al delito de usurpación en casos de ocupaciones ilegales de terrenos.
A las iniciativas anteriores se suma la prórroga reiterada del estado de excepción en la zona mapuche, aprobada por el Congreso a solicitud del presidente, quien, pese a haberse negado en el pasado a calificar de “terrorista“ el accionar armado de grupos mapuche, meses después de asumir el gobierno afirmó públicamente la existencia de “acciones de carácter terrorista“, justificando así la continuidad de la situación de excepción.
Ahora, sectores de la oposición presionan por la adopción de medidas similares, incluyendo una mayor presencia de las fuerzas armadas en las regiones vecinas, y en la fronteriza zona norte, punto de ingreso de un importante flujo migratorio.
En este contexto, es preocupante lo informado recientemente por El Mercurio —diario favorito de la elite chilena— sobre la operación conjunta en el país de 1700 efectivos de tropas especiales de Chile, EE.UU. y España. El ejercicio simulaba una misión ordenada por la ONU para “imponer la paz en un Estado convulsionado por una fuerza insurgente que ha generado una crisis interna y una escalada de violencia (…) y para que vuelva a regir el Estado democrático“. El teatro de operaciones definido se extendía entre Antofagasta y Magallanes, esto es prácticamente todo el territorio nacional.
En un país que durante 17 años fue escenario del terrorismo de Estado, inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional y las políticas contrainsurgentes ensayadas por el colonialismo francés en Argelia, es inevitable relacionar este tipo de discurso y demostraciones con ese periodo de la historia de Chile, sin embargo el hecho no ha sido explicado por las autoridades civiles.
Así, hasta ahora, el conjunto de estas medidas y políticas no se distingue tanto de las implementadas por gobiernos anteriores, y la pregunta que esta constatación plantea es ¿cuáles son las condiciones que han hecho posible esas continuidades?
Renuncia y desplazamiento al centro
Las explicaciones son múltiples y en torno a ellas sigue habiendo un intenso debate. De un modo muy grueso se puede afirmar que, al menos, hay dos ámbitos a considerar: uno político institucional, y otro relativo al comportamiento social. Sobre el primero, hoy es determinante la correlación de fuerzas en el Congreso que puede impedir cualquier reforma sustantiva. Aún más desventajosa es la composición del Consejo encargado de la redacción de un segundo texto constitucional —después del rechazo abrumador del primero—, donde la derecha junto a la ultraderecha cuentan con una mayoría absoluta, lo que obliga a pensar que el resultado puede ser peor que la Constitución actual, diseñada en dictadura.
Este no era el escenario previsto por una coalición que, además, ha demostrado carecer de suficientes cuadros políticos con experiencia en la gestión gubernamental, y no cuenta con un proyecto político consistente y viable. Estos factores la empujaron a una temprana alianza de gobierno con parte del conglomerado que condujo la transición en la postdictadura, proceso que había sido objeto reiterado de sus críticas pero que sus representantes, partiendo por Boric, han terminado valorando. Este pacto implicó una renuncia y un desplazamiento hacia el centro, clausurando o, al menos, limitando la voluntad transformadora explicitada previamente.
En cuanto al comportamiento social, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo comprendido entre la revuelta y el rechazo a la nueva Constitución? Ese breve lapso de cuatro años fue de una gran intensidad y aceleración y, al mismo tiempo, tuvo la densidad de una década. Vivimos la masiva rebelión de 2019 y sus continuidades; el encierro en pandemia bajo un gobierno de derecha que hizo un manejo securitario de la emergencia sanitaria; un proceso constituyente y espacio de importantes disputas que produjo un texto constitucional avanzado pero, finalmente, rechazado en el plebiscito de 2022, expresión de un voto de castigo que empoderó a la ultraderecha.
Fue clave en ese desenlace la respuesta del sistema político a las demandas que movilizaron a millones en todo el país en 2019. En lugar de satisfacer en ese momento, al menos, algunos de los reclamos por mejores pensiones e ingresos, salud y educación, entre otros, se ofreció una nueva Constitución. Pero el malestar permaneció.
La aparición de un tipo de delincuencia más violenta aumentó la incertidumbre, lo cual fue aprovechado por los sectores conservadores, vinculándolo, además, al incremento de la inmigración, aunque se sabe que no son fenómenos relacionados. El objetivo de la derecha, finalmente logrado mediante el despliegue de una gran campaña mediática, fue poner el eje de la discusión en el tema de la seguridad —ajeno al texto constitucional—, mientras los sectores progresistas no lograron ni siquiera visibilizar aquellos temas de interés común presentes en la propuesta, que podrían haber contribuido a revertir el rechazo expresado en las encuestas.
Un pasado presente
En una mirada de más largo plazo, la abogada defensora Karinna Fernández, consultada para este artículo, señala que entre los muchos aspectos a relevar para entender las continuidades de las prácticas represivas del Estado, “el de mayor importancia, que ha asegurado la represión y graves vulneraciones a los derechos humanos, sobre todo en materia de protesta social, está marcado por lo que desde los años setenta señalaba Juan Méndez [abogado y activista argentino], y que se caracteriza en el derecho internacional de los derechos humanos como la obligación que tienen los estados, especialmente en momentos transicionales, de separar a los involucrados y a los verdugos, de sus cargos, única forma en que una sociedad puede avanzar en justicia.“
Pero en Chile, agrega Fernández, eso no sucedió. Cuando terminó la dictadura, Augusto Pinochet mantuvo su cargo de general y luego asumió como senador designado. Y no fue el único. “Los verdugos han mantenido el poder y siguen asociados a grupos de la elite, particularmente económica. Eso, junto a procesos de enriquecimiento ilícito y de privatizaciones, fue generando marcos de impunidad sistémica.“ En 2012, “durante las masivas manifestaciones por demandas sociales en Aysén, en el sur de Chile, producto de la represión, uno de cada 10 mil habitantes perdió uno de sus ojos a causa de la acción policial, y los jefes que lideraron esos operativos, fueron ascendidos, algunos dirigieron luego la represión en 2019 y hoy son generales a nivel nacional. Así, esto va generando una repetición continua de los delitos.“ Uno de esos oficiales es el actual director general de Carabineros Ricardo Yañez.
Esos grupos de la elite económica participaron activamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales impuestas mediante el terrorismo de Estado. Entre ellas, las políticas de privatización de recursos del Estado y de servicios públicos que, en medio de un mercado sin contrapeso profundizaron la desigualdad. Hoy, esto se manifiesta, por ejemplo, en el endeudamiento estructural de más del 70% de los hogares (gastos mensuales son mayores a los ingresos mensuales), o en cuestiones tan básicas como las limitaciones que enfrenta la organización sindical ante la inexistencia de la negociación colectiva por ramas de la producción, y de un derecho a huelga efectivo.
Durante la postdictadura, a falta de una política social, la represión siguió siendo necesaria para la estabilidad del sistema. Y como las formas hegemónicas de entender el orden público y la seguridad no han sido sometidos a un examen crítico, se han mantenido las lógicas previas. Incluso, según el abogado Silvio Cuneo, en democracia se extendió un discurso populista punitivo, se fortaleció un verdadero Estado penal y el encarcelamiento se convirtió en un sistema de control y gestión de la pobreza, por ello el aumento del número de cárceles no guarda relación con los índices de delincuencia.
En los últimos años no ha habido cambios que modifiquen este diagnóstico. Ahora, tampoco hay compromisos en esa dirección.
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