Reconocimiento de los indígenas en Chile: Tantas promesas incumplidas
En Chile existe una disputa histórica de tierras entre el Estado, el Pueblo Mapuche y las empresas forestales. Desde la dictadura de Pinochet hasta hoy.
Más de 500 días las Fuerzas Armadas llevan desplegadas en la zona sur del país, específicamente en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío, es decir, en el Wallmapu, el territorio ancestral mapuche. Esto debido a que el Congreso Nacional aprobó una nueva prórroga para mantener el Estado de Excepción Constitucional en la denominada macrozona sur, que se funda “en los eventos de violencia rural“, informa la web del Senado.
En aquellas zonas, existe una disputa territorial histórica entre el Estado chileno, algunas comunidades del Pueblo Mapuche y la industria forestal, quien desde la dictadura militar (1973-1990) se sumó al conflicto, explotando tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
En este contexto, ha existido un aumento de reivindicaciones y controles territoriales por parte de comunidades indígenas, siendo dicha demanda la piedra angular de un problema, que hasta ahora, no ha tenido solución desde el Estado. A ello, se han sumado ataques incendiarios a maquinarias y predios. Además, actualmente, los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol, llevan 100 días en huelga de hambre, quienes exigen el reconocimiento de sus “derechos políticos y territoriales, culturales y espirituales“.
La medida del Estado de Excepción, es decir, la militarización del territorio, comenzó a utilizarse en el ex Gobierno de Sebastián Piñera en octubre de 2021 -coalición de derecha-. Siete meses después, el actual gobierno de centro-izquierda liderado por el Presidente Gabriel Boric, ingresó a Contraloría un decreto para declarar un estado de Excepción “acotado“ en la zona, pese a que cuando era candidato dijo que estaba en contra de esta medida, momento en el que señaló:
Este texto es parte del dosier que se publicó el 8 de septiembre de 2023 en el periódico taz en motivo de los 50 años del golpe militar en Chile. Apoyado por Estados Unidos, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puso abruptamente fin al gobierno democráticamente elegido del socialista Salvador Allende. Más de 3.000 personas perdieron la vida durante la dictadura que siguió (1973-1990). Muchas más fueron encarceladas, torturadas y obligadas a exiliarse. La Fundación taz Panter, junto con la Fundación Rosa Luxemburg y con el apoyo de la Fundación Umverteilen, conmemora 50 años después los acontecimientos de entonces y, al mismo tiempo, se pregunta, cómo influyen los hechos de hace 50 años en el día a día en el Chile actual. Estos y otros textos, los encuentran también aquí en alemán.
“Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur. Nosotros tenemos un respeto y vamos a estar acompañando a todas las víctimas de la violencia, tanto a las víctimas de la violencia por parte del Estado del pueblo mapuche, como las víctimas de violencia que son inaceptables, como las quemas de iglesia, las quemas de camiones y todo lo que hemos visto durante los últimos meses“.
Esta militarización y las políticas enfocadas a la represión y seguridad, han aumentado la desconfianza de diferentes comunidades mapuche, pues consideran que estas medidas no afrontan el problema desde su origen político, cuyo centro es el despojo de las tierras en procesos de remate y reducciones que ejecutó el Estado chileno desde el siglo XIX, tal como lo explica el investigador Martín Correa en una entrevista con el diario Interferencia.
La marca de la dictadura
En el contexto de la Reforma Agraria en el siglo XX en Chile, un proceso que buscaba principalmente cambiar la estructura del gran latifundio y resolver las precarias condiciones sociales de la clase campesina, la tierra se convierte en un eje principal en las políticas públicas, pero también de disputa entre distintos sectores. Durante la Unidad Popular, Salvador Allende propició cambios significativos a través de la creación de la Ley Indígena N°17.729, promulgada durante el segundo semestre de 1972, normativa que por primera vez tomaba en cuenta la identidad étnica.
De acuerdo a información otorgada por el periodista Pedro Cayuqueo, se estima que el gobierno de Allende entregó a las comunidades mapuche 152.416 hectáreas, iniciando un proceso de reparación histórica demandado por las comunidades indígenas movilizadas. Sin embargo, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, los dominios fueron entregados a los antiguos dueños. Así, mediante el decreto ley 2.568, se promovió la subdivisión de los títulos de tierras de propiedad comunitaria y se desposeyó al Pueblo Mapuche de una importante superficie de tierras, provocando nuevamente pobreza, represión y despojo en las comunidades indígenas.
Los cambios políticos y sociales que se produjeron en la dictadura, periodo donde se violó derechos humanos de miles de chilenos, también repercutieron en la vida mapuche. Además de mapuche asesinados, desaparecidos, exiliados y perseguidos, la convivencia comunitaria fue en gran parte destruida por las políticas de división de tierra dictaminadas por las dictadura de Pinochet.
Las promesas después de la dictadura
“Muchos tuvimos esperanza, pero en ese momento lo más importante era sacar al dictador“. Este uno de los recuerdos del lonko (autoridad ancestral mapuche) José Painaqueo Paillán, refiriéndose a las promesas del ex presidente Patricio Aylwin Azócar, quien en 1989 era candidato presidencial, en el marco de la recuperación de la democracia tras la dictadura cívico- militar encabezada por Augusto Pinochet.
Aquel año, Patricio Aylwin, se comprometió con organizaciones indígenas Mapuche, Huilliche, Aymara y Rapa Nui, en el denominado Acuerdo de Nueva Imperial, “al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas“, promesa que nunca cumplió. También había asegurado “medidas de corto plazo“, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el cual recién fue aprobado en 2008. El único avance realizado fue la promulgación de la Ley Indígena en Chile (19.253), el cuerpo legislativo dedicado a la “protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas“, y que crea en 1993 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
“En términos de reconocimiento de estos derechos, Chile es uno de los países latinoamericanos que menor avance ha tenido, aún cuando ha ratificado o suscrito una serie de pactos y convenios internacionales en esta materia“, señaló la investigadora Verónica Figueroa Huencho en una columna del medio Ciper.
En 2021 la discusión de la plurinacionalidad estuvo en la agenda, debido al proceso encargado de escribir una nueva Constitución, para dejar atrás la proclamada en dictadura en 1980. Esto nacie como una de las principales demandas de los ciudadanos tras masivas marchas en las calles, en lo que se denominó el “estallido social“ en octubre de 2019. Gracias a la movilización social, por primera vez, una mujer mapuche lideró un proceso en la institucionalidad chilena, la académica Elisa Loncon. Su elección fue reconocida a nivel nacional e internacional, pero el texto fue rechazado en un plebiscito y actualmente se está realizando otro proceso, liderado por la ultraderecha.
Hasta ahora, no se han presentado proyectos de ley para declarar un país plurinacional, proyecto político que se define como el reconocimiento de los distintos pueblos que componen un Estado y el otorgamiento de sus derechos políticos. Al contrario, tanto los gobiernos de centro-derecha, como centro-izquierda, miran el conflicto como un tema de seguridad, sin impulsar avances profundos en las actuales reivindicaciones indígenas.
Este artículo también se publicó en alemán.
Paula Huenchumil es periodista del diario digital Interferencia. Es mapuche.
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